El fiscal Luciani exigirá la devolución de $85 mil millones defraudados al Estado; si no cumplen en 10 días, se ejecutarán sus patrimonios.
Tras el histórico fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad, la Justicia se prepara para dar un nuevo golpe judicial: la subasta de más de 20 inmuebles y millones de dólares pertenecientes a la familia Kirchner. Se trata de una medida clave impulsada por el fiscal federal Diego Luciani, quien exigirá que los condenados devuelvan al Estado el dinero defraudado.
La cifra es contundente: 85.000 millones de pesos es el monto del perjuicio económico al erario público, según la acusación. Si Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los demás implicados no restituyen los fondos en un plazo de 10 días hábiles, la Justicia avanzará con la ejecución de bienes personales.
Entre los activos que podrían ser rematados figuran:
27 propiedades,
5 cocheras en el exclusivo Madero Center,
Las firmas Hotesur y Los Sauces, vinculadas al negocio hotelero del clan Kirchner,
4,6 millones de dólares secuestrados a nombre de Florencia Kirchner,
1 millón de dólares en una cuenta bancaria también de su propiedad.
Además, los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia, podrían ver afectados sus patrimonios si no se logra justificar la titularidad de propiedades que les fueron cedidas.
En paralelo, Lázaro Báez —empresario clave en la estructura de corrupción investigada— enfrenta la posible ejecución de al menos 60 propiedades, la mayoría ubicadas en la Patagonia, muchas de ellas ya embargadas por la Justicia.
El fraude y el reclamo del Estado
El expediente judicial sostiene que la organización liderada por Báez, con participación directa de Cristina Kirchner, recibió contratos de obra pública por montos millonarios que luego fueron cobrados sin ejecutar las obras o con avances ínfimos. El 50% de esas obras viales jamás se completaron, con un avance promedio de entre 16% y 36%, a pesar de que los pagos se realizaron en su totalidad.
Tras años de parálisis durante el gobierno de Alberto Fernández, la Justicia finalmente apunta a resarcir al Estado mediante la liquidación del patrimonio de los condenados.
Otro escándalo con epicentro en Corrientes
Mientras tanto, un nuevo caso de presunta corrupción golpea a exreferentes del kirchnerismo. Esta semana se reveló que José Ottavis, exdirigente de La Cámpora, creó una asociación civil llamada “Amarte Argentina” en Corrientes, que recibió 11.000 millones de pesos de fondos estatales del FISU para obras que nunca se terminaron. El monto reclamado en la causa Vialidad es ocho veces superior.
Una cuenta regresiva judicial
Con el fallo de la Corte como respaldo, y la presión social en alza, la Justicia busca dejar atrás años de impunidad. Los próximos días serán clave: si no hay cumplimiento voluntario, comenzará una de las ejecuciones patrimoniales más importantes de la historia judicial argentina.
La causa Vialidad, que marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción, ahora entra en su fase final: la recuperación efectiva del dinero robado al Estado. Y todo indica que la subasta de los bienes de los Kirchner será inevitable.
