Salvo los bloques peronistas, alineados con Cristina Kirchner, el resto de las bancadas de la cámara alta manifestaron su apoyo a la iniciativa. La iniciativa no logró una mayoría absoluta. La norma impactaba de lleno en lo electoral. Duro revés para el Gobierno y sus aliados en su afán por sacar electoralmente de la cancha a CFK.
Con la oposición del peronismo, el proyecto se rechazó con 36 votos a favor y 35 votos en contra y cero abstenciones. No logró la mayoría absoluta y la Cámara alta para aprobar el proyecto que tenía media sanción de la Cámara de Diputados. Es que al rechazo anticipado del kirchnerismo se sumaron los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Minutos después, el presidente Javier Milei calificó el rechazo de la ley “Ficha Limpia” como “lamentable”. También se sumó el vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni: “Ahora más que nunca: es kirchnerismo o libertad. Fin”.
En una jornada larga, el proyecto de Ficha Limpia generó controversias entre los legisladores, con posturas que continúan marcando una fuerte polarización entre quienes consideran la iniciativa un avance institucional y quienes la rechazan por considerarla una herramienta de persecución política.
Los representantes en el Congreso en la Camara alta votaron de manera positiva. El caso de Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela y Carlos “Camau” Espínola.
“Mañana van a salir los afiches de Lospennato con el dicho ‘Yo saqué ficha limpia’. Quieren tapar temas como el FMI, la falta de presupuesto, la privatización del río Paraná, el fracaso económico. Y acá se habla de credibilidad. Acá el problema que tenemos es que no se puede comer, no se puede vivir, porque el programa económico es un desastre”, sentenció el senador José Mayans.
“Hay gente que trabaja 8 horas y no puede pagar alquiler, ni auto, ni luz. Le reventaron la vida al sector trabajador argentino y se tapa con ‘ficha limpia’. ‘Lo pidió el pueblo’, dicen senadores acá”, completó.
Eduardo Vischi, jefe de bloque de la UCR, destacó que el proyecto responde a una demanda creciente de la sociedad, que exige más decencia y honestidad en la política. “La sociedad empezó a exigir más decencia y que la función pública sea ejercida por personas probas, idóneas pero limpias. La sociedad puede tolerar errores o discusiones, pero no tolera más que la política se le ría en la cara,” advirtió Vischi, haciendo hincapié en que la confianza en la política sólo se puede restaurar a través de acciones concretas que demuestren compromiso con la ética pública.
Por su parte, Alfredo de Ángeli, jefe de bloque del PRO, expresó que, si bien la “Ficha Limpia” es un paso positivo, la clase política aún enfrenta desafíos para recuperar la credibilidad. “La clase política ha sido descreída, por eso es bienvenida la Ficha Limpia, pero no alcanza y es probable que sigamos debatiendo porque hay que mejorarla,” afirmó De Ángeli, reconociendo que la ley es un avance, pero sugiriendo que se deben seguir buscando mejoras para asegurar una política más transparente y efectiva.
Juan Carlos Pagotto destacó que el proyecto no tiene como objetivo perseguir a nadie en particular, sino más bien responder a un reclamo generalizado de la sociedad. “Acá no se trata de perseguir a nadie, las leyes son en sentido general. A mi edad no tengo prejuicios, pero nosotros tenemos que sostener un reclamo que es de la gente. Esto se llama proceso de modernización,” afirmó Pagotto, defendiendo la iniciativa como un paso hacia la modernización del sistema político.
En un tono similar, Francisco Paoltroni subrayó que, aunque “Ficha Limpia” es un buen comienzo, aún queda mucho por hacer para alcanzar una verdadera mejora en la política argentina. “Ficha Limpia no es nada en comparación de lo que podríamos aspirar si somos honorables, pero es un comienzo,” afirmó Paoltroni, reconociendo que la ley podría ser una primera medida, pero no suficiente por sí sola.
Por otro lado, Anabel Fernández Sagasti planteó una crítica contundente sobre la constitucionalidad del proyecto. Según la senadora, “Este proyecto es inconstitucional porque viola el principio de inocencia del artículo 18 de la Constitución. Un principio que surgió en el derecho para ponerle freno a las arbitrariedades como la que quieren hacer ahora con esta ley de Ficha Limpia”, expresó Sagasti, advirtiendo que la ley podría ser un paso peligroso al vulnerar derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna.
El senador nacional Martín Lousteau se manifestó a favor del proyecto de ley “Ficha Limpia”, pero advirtió que la iniciativa, aunque un paso en la dirección correcta, no resuelve el problema estructural de la corrupción en el país. En su intervención en la Cámara de Senadores, Lousteau expresó que, aunque el proyecto es positivo, “no es un paso para festejar”.
Nueve provincias ya tienen Ficha Limpia
La iniciativa prohíbe a quienes tengan condenas por corrupción ser candidatos a cargos nacionales, pero esa normativa ya rige en nueve provincias del país. Las jurisdicciones que ya tienen Ficha Limpia son: Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro, Córdoba y Neuquén. La primera fue la provincia chubutense en 2020. También rige en municipios bonaerenses como Bahía Blanca y Mar del Plata.
El proyecto fue aprobado en febrero pasado por la Cámara de Diputados, que establece que una persona con condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción no podrá presentarse a un cargo electivo nacional. Sólo alcanza a delitos contra la administración pública como cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles, administración fraudulenta, entre otros.
La iniciativa también establece que la prohibición para ser candidato es por el tiempo que dure la condena o hasta que sea revocada y se aplicará para las personas cuya condena sea confirmada antes del cierre de los padrones electorales provisorios, que es 180 días antes de la elección. Si la confirmación de la condena llega después, la prohibición regirá para la siguiente elección.
El proyecto impide a quienes tengan una pena confirmada por delitos de corrupción ser funcionarios del gobierno nacional. No podrán ser designados jefe de gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social, integrantes de cuerpos colegiados o personal diplomático, directores de empresas o entes con participación estatal.
